Denuncias internas en los sistemas de prevención penal de delitos  ¿anonimato o confidencialidad?

Una de las novedades más llamativas de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), es la regulación específica del tratamiento de datos en el marco de las denuncias internas o mecanismos de ““whistleblowing”. La implementación de un canal de denuncias internas en las empresas, a la vista de lo dispuesto en el artículo 31 bis de nuestro Código Penal, resulta de gran importancia para constituir un eximente o atenuante de responsabilidad penal de la persona jurídica, y ello siempre que se haya adoptado en el marco de un sistema de prevención de riesgos penales, el comúnmente conocido “compliance penal”.

La implementación de un sistema de prevención penal conlleva necesariamente la creación y puesta en marcha de un canal de denuncias internas en la empresa, mecanismo a través del cual, podrá informarse de riesgos o irregularidades cometidas por empleados o directivos de la sociedad.

Antes de la entrada en vigor de la nueva LOPD, no se permitía la presentación de denuncias anónimas a través de estos canales, prohibición que se veía amparada en un informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos relativo a la creación de sistemas de denuncias internas en las empresas. Según este informe, los sistemas implementados debían establecer mecanismos que garantizaran el tratamiento confidencial de las denuncias, evitando así el anonimato.

La Ley Orgánica 3/2018, en su artículo 24.1 resuelve esta cuestión al disponer que “será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información”

El cambio de criterio que introduce la nueva normativa resulta esencial en materia de prevención penal, pues lógicamente la obligación de identificación prevista anteriormente suponía que muchos empleados o jefes se sintieran menos seguros ante posibles represalias o reproches en caso de denuncia. La licitud de denuncias anónimas supone, sin género de duda, que el denunciante se sienta protegido al poner en conocimiento de la empresa un hecho que entiende irregular y, a juicio de la que suscribe, una mayor eficiencia del sistema de cumplimiento normativo implementado en la sociedad.