La confusa redacción del Real Decreto-ley 10/2020 publicado el día de ayer, 29 de marzo, cerca de la medianoche, ha generado multitud de consultas sobre las restricciones de actividad impuestas por el Gobierno con la finalidad de reducir, lo máximo posible, los casos de contagio de COVID-19.

¿Puedo continuar mi actividad?, ¿Me podrían sancionar si acudo a la oficina?, ¿Con qué tiempo cuento para organizarme? 

Las distintas interpretaciones del Real Decreto-ley 10/2020 no tardaron en ver la luz. Para algunos profesionales del sector las limitaciones de actividad afectaban a trabajadores por cuenta ajena y también a trabajadores por cuenta propia (autónomos), y ello a pesar de que la mención a estos últimos se hubiese omitido en la redacción del texto. Para otros, menos flexibles en la interpretación, dicha omisión representaba la voluntad del Gobierno de no extender las restricciones de actividad a aquellos autónomos que, a pesar de las circunstancias, pudieran seguir ejerciendo su profesión cumpliendo con las recomendaciones sanitarias.

Pues bien, la confrontación de opiniones al respecto, de la que nadie es ajeno, queda al fin zanjada con la recién comunicada nota técnica elaborada por los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía Española. En ella se aclara que:

La norma aprobada y publicada ayer, solo se aplica a las personas ligadas a una empresa o entidad por una relación laboral por cuenta ajena. Así resulta del preámbulo y de su artículo 1 (“Ámbito subjetivo de aplicación”), que dispone:

“1. El presente real decreto-ley se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”.

A este ámbito subjetivo de aplicación le es aplicable el permiso que da título al propio Real Decreto-ley y que se regula en los artículos 2 y siguientes. En particular, el artículo 2 establece:

Artículo 2. Permiso retribuido.

1. Las personas trabajadoras que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del presente real decreto-ley disfrutarán de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive.

2. El presente permiso conllevará que las personas trabajadoras conservarán el derecho a la retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales”.

La delimitación del ámbito temporal tiene una relevante precisión en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley (“Garantías para la reanudación de la actividad empresarial”), conforme a la cual:

“En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial”.

Este “día de gracia” tiene toda su lógica, habida cuenta de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley (domingo 29 de marzo de 2020) y de la hora de su publicación.

 

Aclarada la cuestión sobre el ámbito subjetivo de aplicación, se deduce, por consiguiente que:

– En primer lugar,  la norma no es aplicable a las personas que trabajan por cuenta propia, a las que no es de aplicación por definición el permiso regulado en el Real Decreto-ley 10/2020, sin que tampoco les alcancen las limitaciones al desarrollo de su actividad que, en el plano temporal, regula el citado artículo 1.1.

Por tanto, para ellas siguen siendo de aplicación las limitaciones a la movilidad del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, apartado 1.c), que permite el desplazamiento al lugar de trabajo para la realización de la actividad profesional correspondiente.

Recuérdese que el artículo 7 de este RD (dedicado a la “Limitación de la libertad de circulación de las personas”) prevé que “1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada:

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual”.

(…)

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio”.

En conclusión, una interpretación conjunta del RD 463/2020 y del Real Decreto-ley 10/2020 permite afirmar:

Primero, que los trabajadores autónomos o por cuenta propia pueden seguir desempeñando su actividad profesional en los términos del RD, pues no entran dentro del ámbito subjetivo de aplicación del Real Decreto-ley.

Y en segundo lugar, que la norma se aplica a las personas trabajadoras por cuenta ajena que siguieran desarrollando su prestación laboral en una empresa o entidad cuya actividad no hubiera sido suspendida por el Real Decreto 463/2020 y posteriores disposiciones y resoluciones dictadas en el ámbito del estado de alarma (artículos 10 y siguientes de dicho Real Decreto).

Por último, hay que destacar que estas dos primeras consideraciones han de completarse con el análisis del resto del ámbito subjetivo del Real Decreto-ley 10/2020; conforme al artículo 1.2: “2. No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación:

a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.
c) Las personas trabajadoras contratadas por aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley.
d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas.
e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de prestación de servicios”.